El cierre temporal de Cayo Acuario y Haines Cay expone la incapacidad histórica del país para proteger sus ecosistemas frente a la explotación turística descontrolada.

El turismo puede ser un motor económico, pero cuando se convierte en una avalancha sin control, se transforma en una máquina de destrucción. Eso es lo que ha ocurrido en San Andrés, donde la presión de miles de visitantes diarios ha llevado al Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago a ordenar el cierre de Cayo Acuario por seis meses y el de Haines Cay de manera trimestral, en un intento desesperado por darle un respiro a estos ecosistemas.

Este fallo, producto de una acción popular interpuesta por la procuradora ambiental Sara Esther Pechtalt, es un campanazo de alerta no solo para el archipiélago, sino para todo el Caribe colombiano: cuando se ignoran los límites de la naturaleza y no se implementan planes de manejo serios, el turismo masivo acelera la degradación de los hábitats que lo sostienen.

Mientras el Parque Tayrona ha demostrado que cierres anuales planificados y concertados con comunidades indígenas pueden regenerar playas, manglares y fauna, otros lugares como el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, uno de los sistemas coralinos más valiosos del país, siguen expuestos al sobreaforo, los vertimientos, el tránsito caótico de embarcaciones y el deterioro irreversible de los arrecifes.

En Cartagena, aunque se han tomado medidas administrativas —creación de la Secretaría de Turismo, regulación de precios, formalización de actividades económicas y mejoras en infraestructura— la pregunta sigue en el aire: ¿dónde están las acciones contundentes para proteger el ecosistema? Porque la sostenibilidad turística no se logra con discursos ni con más cemento, sino asegurando la salud de los hábitats que permiten su existencia.

Grandes obras como la Fase II del Proyecto de Protección Costera o el Gran Malecón del Mar prometen impulsar la economía y el turismo, pero si no se acompañan de controles estrictos, solo incrementarán la presión sobre áreas ya frágiles. Y no se trata de falta de advertencias: la evidencia científica lleva años alertando sobre el daño acumulado.

La protección real exige medidas inmediatas:

• Cierres temporales y planificados en zonas de alta presión turística.
• Aplicación estricta de la capacidad de carga y de las normas que regulan actividades recreativas en áreas protegidas.
• Sanciones ejemplares a quienes incumplan las regulaciones ambientales.
• Participación activa de comunidades locales como guardianas del territorio.
• Infraestructura ambiental para el manejo de residuos y control de vertimientos.
  

El turismo no es un derecho ilimitado. Los cierres y restricciones no son un castigo para los visitantes, sino la única forma de garantizar que la naturaleza sobreviva a nuestra voracidad. El verdadero reto es que las autoridades y el sector privado dejen de mirar hacia otro lado y asuman que sin ecosistemas sanos no hay turismo posible.