En las veredas del Caquetá, cuidar la tierra puede costar la vida. Mientras campesinos intentan mantener sus huertas y proteger la Amazonía, un actor armado ilegal impone su ley a través de audios que revelan cómo el silencio se convierte en mecanismo de control.

La estructura Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias de las FARC conocidas como ‘Calarcá’, sigue imponiendo reglas estrictas a las comunidades rurales del Arco Amazónico. En grabaciones en poder de Caracol Radio, se escucha cómo Diana Milena Agudelo Salazar, alias Morocha —hermana de Urías Perdomo, uno de los cabecillas del grupo— dicta órdenes que van desde la siembra obligatoria de huertas hasta el pago de multas por no cumplir con estas tareas.

“Si en este momento hay compañeros que no están de acuerdo con esas tareas que se están desarrollando, pues entonces déjeme decirle que nosotros lo invitamos a que venda y se vaya (…) No podemos tener gente desordenada ni en las veredas, ni en las comunidades, ni mucho menos en el territorio”, dice la voz de Morocha en uno de los audios.

La amenaza no es simbólica. Los campesinos que no siguen el “manual de convivencia” redactado por la disidencia enfrentan sanciones económicas, expulsiones forzadas o represalias que nunca se explican, pero que todos conocen. En otro fragmento, Morocha exige el pago inmediato de una multa:

“Tienen ocho días y desembolsen lo que les corresponde por multa por no hacer las tareas (…) No todos pueden sembrar dos, tres matas de cebolla y decir que ya tienen huerta. No hagan eso”.

Los campesinos, solos

Mientras esto ocurre, la presencia estatal sigue siendo apenas una promesa. Autoridades civiles y militares parecen ausentes frente a una situación que no solo atenta contra los derechos humanos, sino que desmantela poco a poco la autonomía campesina, esa que se resiste entre la coca y la selva a ser doblegada.

“Las comunidades están completamente solas”, señala un líder campesino que pidió no revelar su identidad. “No hay institucionalidad que respalde nuestros procesos agrícolas, mucho menos seguridad. Solo llegan a prometer, pero los que están aquí todo el tiempo son ellos —las disidencias— imponiendo normas, tareas, cobros, miedo”.

En medio del diálogo roto y el fuego abierto

El contexto político no ayuda. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene una mesa de diálogo con las disidencias de Calarcá, esta estructura armada se dividió en facciones, y la liderada por alias Iván Mordisco se levantó de la mesa hace semanas. A esto se suma que el recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Sánchez, decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral. Las disidencias ahora tienen un mes para concentrarse en zonas específicas, aunque la realidad en campo demuestra que el control territorial ya es suyo.

¿Dónde están las autoridades?

La historia narrada por Caracol Radio exige una respuesta urgente de las autoridades nacionales y regionales. No se trata solo de combatir la presencia armada, sino de garantizar condiciones dignas para los campesinos: inversión real en proyectos agrícolas, seguridad territorial, acompañamiento institucional y presencia estatal permanente.

Mientras tanto, en las sabanas del Yarí, en pleno corazón del Caquetá, los campesinos siguen trabajando su tierra, obligados a sembrar, no por la esperanza de una cosecha libre, sino por miedo a desobedecer la ley del monte.