Aunque ya fue aprobado en tres debates, el Ministerio de Ambiente considera inconveniente el proyecto que busca reconocer al río Caquetá como sujeto de derechos, por problemas técnicos, jurídicos y financieros. Los proponentes defienden la iniciativa y acusan falta de voluntad institucional.

El Ministerio de Ambiente emitió un concepto técnico desfavorable frente al proyecto de ley que busca reconocer al río Caquetá como sujeto de derechos, por considerar que la iniciativa desconoce el marco legal vigente, es regresiva en términos normativos y no se articula con la estructura actual del Sistema Nacional Ambiental.

Se trata del Proyecto de Ley No. 243 de 2024 Senado / 034 de 2023 Cámara, presentado por el representante conservador Héctor Mauricio Cuéllar. La propuesta incluye medidas de protección y conservación del río, pero según el Ministerio, tiene “serias limitaciones técnicas, jurídicas y financieras”.

Entre las observaciones destaca que el proyecto no se alinea con instrumentos ya existentes para la gestión del recurso hídrico, como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (Pomca) y el Decreto 1076 de 2015. También advierte que asigna competencias al Ministerio que en realidad corresponden a las autoridades ambientales regionales.

Otro punto crítico es la falta de claridad territorial. El Ministerio cuestiona si la norma aplicaría únicamente a la cuenca del río Caquetá —que recorre Cauca, Putumayo, Caquetá y Amazonas— o a toda la macrocuenca amazónica. Para Cuéllar, este reparo no tiene sentido, ya que el proyecto menciona a los municipios ribereños por donde fluye el río.

La iniciativa también contempla la creación de una “Comisión de Guardianes del río Caquetá”, que el Ministerio considera innecesaria, pues podría duplicar funciones de los ya existentes Consejos de Cuenca. No obstante, el congresista y su asesora jurídica, Valentina Gómez, defienden esta figura como un mecanismo de participación ciudadana y ambiental.

En cuanto a financiación, el concepto señala que no se establece una fuente clara de recursos. El Ministerio advierte que implementar la ley, con su comisión y plan de protección, podría desfinanciar otras funciones, y que el Fondo para la Vida y la Biodiversidad no cubre los costos propuestos. Los proponentes argumentan que ninguna ley cuenta con aval fiscal previo y que el Ministerio de Hacienda ni siquiera respondió a la solicitud.

Gómez afirmó que desde octubre de 2023 han buscado el concepto técnico del MinAmbiente sin respuesta oportuna, a pesar de haber realizado varias mesas técnicas y reuniones con la Dirección de Consulta Previa. Consideran que la respuesta tardía representa una falta de compromiso por parte del Gobierno.

El proyecto ya fue aprobado en Cámara de Representantes y en la Comisión Quinta del Senado, y está pendiente de votación en la plenaria del Senado. Si supera este último paso, pasará a sanción presidencial. Otros ríos como el Atrato y Ranchería ya han sido reconocidos como sujetos de derechos, en decisiones tanto judiciales como legislativas.